Karem Barboza Quiroz

Tras la crisis del sistema de justicia, el Poder Judicial (PJ) ha hecho un mea culpa y se ha establecido mecanismos, a fin de hacer una purga a su interior. Comenzando desde lo administrativo hasta algunas ideas de reforma a su ley orgánica.

El Poder Judicial se declaró en emergencia por 90 días y ante ello, El Comercio conversó con jueces supremos y especialistas en materia penal, quienes explicaron cuáles -a su entender- deberían ser las reformas más inmediatas.

-Emergencias administrativas-

El juez supremo César San Martín dijo a este Diario que la declaratoria de emergencia por 90 días es para realizar una auditoría en términos administrativos de la contratación de personal, gestión de procesos, plazas vacantes y la viabilidad de jueces supernumerarios.

“Básicamente es para el ámbito administrativo. Toda una lógica de revisión que permitirá fijar criterios de corrección y hasta ordenar procesos disciplinarios, enmiendas a mecanismos que existen en el tema de gestión”, indicó.

Sin embargo, adelantó que la Comisión de Reforma que integra, presentará el próximo 26 de julio ante la Sala Plena del PJ un informe con diversos planteamientos para reestructurar la Ley de Carrera Judicial y “reformas urgentes” que les permitan actuar de manera rápida ante hechos graves como lo ocurrido tras la difusión de diversos audios.

“Dentro de la carrera judicial tenemos que fortalecer al sistema de control, con más jueces contralores (dentro de la OCMA), contar con una oficina de investigación para tener información propia sobre las redes de corrupción, la posibilidad de generar la elección de presidentes (de corte) más transparentes y evitar compadrazgos”, explicó.

-Más participación-

El juez supremo, Luis Lama More, quien además integra la Comisión Interventora de la Corte del Callao sostuvo que el grupo de trabajo que lidera viene realizando un informe para ser presentado próximamente ante la Sala Plena del PJ.

Las propuestas responden a medidas correctivas de índole administrativo que no solo podrían aplicarse para el Callao -intervenida tras la difusión de audios- sino también para otras cortes a nivel nacional.

Consideró que pese a las fallas del sistema justicia, ha funcionado pues se ha identificado a los personajes que se escuchan en los audios y algunos ya están siendo sometidos a las investigaciones correspondientes.

No obstante, remarcó que entre el cambio más visible que se está debatiendo es que la elección de los presidentes de la cortes superiores ya no sea solo por jueces superiores titulares -como en el caso del ex presidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos– sino que también participen los “jueces especializados y en el caso de la elección del presidente de la Corte Suprema también participen jueces superiores”.

-Problemas históricos-

En análisis del abogado Luis Lamas Puccio, especialista en material penal, existe una “falta de credibilidad” del sistema de justicia, sobre todo porque el Poder Judicial “tiene problemas históricos”.

Indicó que la declaratoria de emergencia por 90 días del PJ es solo un “paliativo” administrativo que intenta fortalecer la transparencia; sin embargo, para realizar verdaderas reformas en el sistema de justicia “tiene que hacerse a través de leyes”.

“Si vamos a esperar reformas en el Poder Judicial, hay una serie de inconvenientes, empezando porque el ex presidente de la Corte Suprema (Duberlí Rodríguez) está siendo cuestionado. Acá se requiere leyes y no normas administrativas”, anotó.

A su concepción una iniciativa sería modificar la elección del presidente de la Corte Suprema y del presidente de las cortes superiores para democratizar el proceso. Actualmente, cada corte elige a su presidente.

Luego, indica, se debe modificar la Constitución para incorporar a la corrupción como un problema de Estado. “Porque la Constitución solo habla de un derecho a la dignidad y a la moral, hay que incorporar a la corrupción para que sea un principio constitucional de naturaleza rectora”, sostuvo.