Martin Hidalgo Bustamante

La Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión Lava Jato inician este nuevo año con cierta incertidumbre tras los enfrentamientos internos que produjeron renuncias en su interior a finales del 2017. Ahora, en medio del receso parlamentario, las bancadas deberán definir reacomodos para asegurar el funcionamiento de las mismas.

El fujimorista Juan Carlos Gonzales, presidente de la Comisión de Ética, podría sesionar con los cinco (de 9) miembros que aún quedan en su grupo. Pero prefiere no hacerlo dado a que cuatro son de su bancada y uno del Apra. «Si aprobamos algo con esa proporción, tendrían argumentos para acusar blindaje, prefiero esperar», explicó.

Luis Galarreta, presidente del Congreso, es el llamado a conversar con las bancadas para solucionar el tema, según Gonzales. La primera renuncia fue de Yonhy Lescano (Acción Popular), y luego le siguieron Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio).

El Frente Amplio y Alianza para el Progreso anunciaron que sus representantes -Wilberto Rozas y Eloy Narváez, respectivamente- no asistirían hasta que se defina un cambio en la comisión. Quieren cambio en la presidencia.

Lo que las bancadas aducen es que existe un «blindaje» en el manejo del grupo. Gonzales cree que todo parte de «una estrategia política para presionar a Fuerza Popular». «Pueden poner a otras 50 personas y seguirán diciendo lo mismo», afirmó.

Pese a todas las críticas, Gonzales señaló que no es el momento adecuado para renunciar a su cargo. «Yo nunca me he aferrado al cargo, estoy dispuesto a poner mi cargo a disposición, pero no es el momento político adecuado para renunciar», indicó a El Comercio.

Entre los casos pendientes que quedaron en Ética están los de los fujimoristas Maritza García Jiménez, Yesenia Ponce, Guillermo Bocángel (dos de ellos podrían afrontar procesos disciplinarios en su propia bancada por abstenerse en la votación de la vacancia presidencial), y el de los oficialistas Gilbert Violeta y Juan Sheput.

-Juez y parte-
​La Comisión Lava Jato, presidida por la fujimorista Rosa María Bartra, tuvo su última sesión del 2017 horas antes de la plenaria de vacancia presidencial contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

Tras el rechazo a esto, el grupo aún tiene que coordinar la fecha en la que irá a Palacio de Gobierno para interrogar al jefe del Estado sobre su empresa Westfield Capital que recibió dinero de Odebrecht, además de otros pagos por consultorías. También deben definir el interrogatorio a la primera dama Nancy Lange, y al empresario vinculado a PPK, Gerardo Sepúlveda.

Pese a que esta comisión ya tiene un plan en marcha, los cuestionamientos políticos no le son ajenos. A las críticas del oficialismo se han sumado las de Alianza para el Progreso.

«La Comisión Lava Jato no debe continuar presidida por el fujimorismo, cuando son parte de la corrupción. No pueden ser juez y parte”, sostuvo la agrupación política.

La titular de dicho grupo, Rosa María Bartra, fue cuestionada por participar en la diligencia de allanamiento que realizó la fiscalía en los locales de Fuerza Popular como parte de las pesquisas por la indagación del Caso Odebrecht.

Esos cuestionamientos llevaron al Frente Amplio a reemplazar a su miembro: entró Humberto Morales por Jorge Castro. Esto debido a que Castro votó en contra de que Bartra diera explicaciones por su participación en la diligencia fiscal a su partido.

También está pendiente de definir la participación del oficialismo en dicha comisión. En una conferencia de prensa, dada en diciembre pasado, la bancada pidió la renuncia de Bartra. Pero las cosas han cambiado, pues Vicente Zeballos, quien era el vocero de la bancada, y Gino Costa, quien integraba la comisión, renunciaron al oficialismo.

Las definiciones que ocurran en los próximos días podrían marcar un nuevo rumbo, tanto para la Comisión Lava Jato como para la Comisión de Ética.